No sólo por Ayotzinapa

No sólo es por Ayotzinapa. Todo este hartazgo, el reclamo, la denuncia, la protesta y la indignación no es sólo por Ayotzinapa, no es sólo por las cuarenta y tres ausencias en cuarenta y tres hogares, además de las nueve muertes comprobadas tras los ataques de elementos de la policía y del cártel Guerreros Unidos, contra estudiantes normalistas hace un mes en Iguala (Guerrero); es por Aguas Blancas, por los diecisiete campesinos asesinados (y veintiún heridos) por policías del estado de Guerrero en 1995; es por Acteal, por los cuarenta y cinco indígenas asesinados por paramilitares en 1997; es por el asesinato de dos jóvenes, el abuso sexual a veintiséis mujeres, y la tortura y vejaciones a los detenidos (incluyendo diez menores) en San Salvador Atenco en 2006; es por los cuarenta y nueve niños muertos (y setenta y nueve heridos) durante el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo (Sonora), en 2009, hecho por el que ningún funcionario ha sido procesado (testimonios afirman que el incendio fue provocado bajo órdenes de personas del gobierno de Sonora); es por la violenta represión del 1 de diciembre de 2012, durante las manifestaciones en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, que causó un muerto, desapariciones y varias detenciones arbitrarias; es por José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de trece años, que fue declarado con muerte cerebral tras sufrir un impacto de bala de goma disparada por granaderos, en julio de 2014, víctima de la "Ley Bala" en Puebla, aprobada por Moreno Valle; es por los veintidos ejecutados en Tlataya, Estado de México, por miembros del Ejército Mexicano, así como por el encubrimiento de los hechos y la evidencia de que se trató de una ejecución; por  por supuesto, también es por el recuerdo vigente de las matanzas de Tlatelolco en 1968, y el Jueves de Corpus Cristi en 1971, junto a otros crímenes de estado, entre los que figuran cateos ilegales, detenciones arbitrarias, impunidad de abusos militares, fallas en el sistema de justicia penal, desapariciones, tratos crueles, vejatorios e inhumanos, asesinatos y violaciones.

Todo esta denuncia no sólo es por Ayotzinapa, no es sólo porque la orden de disparar y secuestrar a los estudiantes normalistas fue por parte de la pareja que ostentaba el poder en Iguala, y por sus ligas con los cárteles del narcotráfico en el estado de Guerrero, es por los siete muertos y ciento treinta y ocho heridos por un atentado atribuido a narcotraficantes en el Zócalo de Morelia (Michoacán) en 2008, en plena celebración del Día de la Independencia; es por los diez asesinados (entre ellos un niño de ocho años) en Durango, por pasarse un narcoretén en la zona conocida como Triángulo Dorado, en marzo de 2010; es por los dieciseis estudiantes asesinados (y doce heridos) en Villas de Salvárcar (Chihuahua), cuando fueron baleados por presuntos zetas mientras celebraban un cumpleaños en el interior de una casa particular; es por los diecinueve internos de un centro de rehabilitación en Chihuahua que fueron ejecutados por sicarios en junio de 2010; es por los diecisiete jóvenes ejecutados (y dieciocho heridos) mientras celebraban en un salón de fiestas de Torreón (Coahuila), en julio de 2010; es por los setenta y dos ejecutados (58 hombres, 14 mujeres, en su mayoría inmigrantes) en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, al parecer por no querer unirse a los cárteles de narcotráfico; es por los ciento noventa y tres cadáveres hallados en cuarenta y siete fosas, también en San Fernando, Tamaulipas, en 2011; es por los trescientos secuestrados (y aparentemente ejecutados) en Los Cinco Manantiales, en Allende, Coahuila, presumiblemente por Los Zetas, como probable vendetta, en marzo de 2011; es por los treinta y cinco cadáveres arrojados en la Zona Dorada de Boca del Río, Veracruz, en septiembre de 2011, cuya ejecución fue atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación, por su presunta vinculación con Los Zetas; es por las trescientas cuarenta personas enterradas en fosas que se encontraron en Ciudad Victoria, Durango, en abril del 2011; es por las cincuenta y dos víctimas mortales del atentado al Casino Royale en agosto del 2011; es por los veintiocho cuerpos encontrados en las diecinueve fosas clandestinas que se descubrieron en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, durante la búsqueda por los cuarenta y tres normalistas secuestrados en el pasado mes de octubre. Y por otros crímenes atribuidos a los cárteles del narcotráfico en su lucha por el control de territorio, entre los que se cuentan despojos, secuestros, torturas, violaciones, ejecuciones individuales y masivas, así como asesinatos contra la población civil.

Toda esta indignación no es sólo por Ayotzinapa, es también por María Elizabeth Macías Castro "La Nena Laredo", de Tamaulipas, periodista cuyo cuerpo decapitado se encontró en septiembre de 2011 con un mensaje intimidatorio para los que, como ella, reportaban situaciones de riesgo por las redes sociales; por Humberto Millán Salazar, de Sinaloa, secuestrado y ejecutado en agosto de 2011 tras denunciar casos de corrupción política y delincuencia organizada; es por Yolanda Ordaz, de Veracruz, raptada causa de su larga labor de información policíaca, su cuerpo decapitado fue encontrado con un mensaje intimidatorio; es por el columnista Milo Vera y su hijo Misael Vera, fotorreportero, asesinados en el interior de su casa junto a Agustina Solano, esposa y madre, respectivamente, el triple homicidio fue días después de una columna que denunciaba operaciones de narcotráfico en Veracruz, en junio de 2011; es por Gregorio Jiménez, de Veracruz, secuestrado y encontrado muerto seis días después, en febrero de este año, y que es uno de los periodistas asesinados en este 2014; es por Atilano Román, locutor y líder agrario asesinado en Sinaloa cuando hacía su programa de radio, este mes de octubre pasado; es por Karla Janeth Silva Guerrero, reportera del diario El Heraldo, agredida e intimidada por criticar el desempeño de Silao, Guanajuato,  y es por los más de cien periodistas asesinados desde el año 2000, entre los que se encuentran reporteros, fotorreporteros, locutores, directores editoriales, columnistas y jefes de redacción, así como por los periodistas desaparecidos a causa de su labor informativa.

Todo esta dolorosa rabia no es sólo por Ayotzinapa, es por María del Rosario Fuente Rubios "La Felina", doctora que fue secuestrada y asesinada cuando la identificaron como titular de la cuenta en Twitter @miut3 que reportaba situaciones de riesgo y actividades del crimen organizado, así como fomentar la denuncia ciudadana en Reynosa, Tamaulipas, este mes de octubre; es por los dos jóvenes asesinados y colgados de un puente en Tamaulipas, con un narcomensaje atribuido a Los Zetas en el que se especificaba que era por denunciar en Twitter las actividades del narco, en septiembre de 2011; es por Marisela Escobedo, asesinada por denunciar y localizar al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo; es por Sandra Luz Hernández del grupo Madres de Hijos Desaparecidos, asesinada en Culiacán, Sinaloa, en mayo de este año, después de meses de buscar a su hijo Edgardo García Hernández; es por Nepomuceno Moreno, Don Nepo, asesinado por insistir en la búsqueda de su hijo Jorge Mario Moreno León, secuestrado a los diecisiete años; es por Alejandro Solalinde, conocido como el Padre Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, que brinda atención a migrantes, de quienes también defiende sus derechos humanos, y que ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones, teniendo, incluso, que salir del salir para protegerse; es por Nestora Salgado, ciudadana estadounidense encarcelada por comandar la Policía Comunitaria de Olinalá, su pueblo natal, en agosto de 2013; es por José Manuel Mireles Valverde, médico y exlíder de las autodefensas en Michoacán, encarcelado con falsos cargos de posesión de arma y drogas en julio de este año, 2014; es también por Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos asesinada en 2001, y por todos los valientes civiles que se enfrentan desde su trinchera al narco, convirtiéndose en informantes, defensores de derechos humanos, investigadores, denunciantes y activistas, que continúan con su autoimpuesta tarea de no ceder ante la delincuencia organizada y la corrupción de las autoridades, poniendo en riesgo su vida. Más de sesenta defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos cinco años.

No sólo es por Ayotzinapa, donde el 26 de septiembre de este año un grupo de estudiantes de la Normal rural “Isidro Burgos” sufrió el ataque de policías municipales por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, emparentada con el cártel local "Guerreros Unidos". No es sólo por las nueve personas que murieron en los ataques, incluyendo al de un autobús con jóvenes futbolistas al confundirlos con estudiantes normalistas. No es sólo por Julio César Mondragón, cuyo cadáver fue encontrado  dos días después, con el rostro desollado y con los ojos arrancados de sus cuencas, como muestra de la violencia sádica con que fueron atacados. No es sólo por la desaparición de cuarenta y tres normalistas que fueron secuestrados por esos elementos de la policía para entregarlos a los“Guerreros Unidos”. No es sólo por los veintiocho muertos encontrados en las nueves fosas clandestinas que se han hallado en la búsqueda de los normalistas desaparecidos. No es sólo por la solapada actitud de autoridades y partidos políticos que ignoraron todas las denuncias en contra del presidente municipal de Iguala, permitiéndole total abuso de autoridad. No es sólo por todos los días que dejaron pasar antes de actuar ante la presión social y las condenas internacionales, aceptando la renuncia del gobernador del estado, recibiendo a los padres de las víctimas, aplicándose a la búsqueda de los normalistas secuestrados, así como de la pareja de Abarca y esposa, quienes huyeron con facilidad. No es sólo por el montaje ante medios de la aprehensión de Abarca y su esposa, para calmar las protestas y la movilización, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

No es sólo por Ayotzinapa, es por toda la violencia y descomposición social resultante de la corrupción de las autoridades en contubernio con el crimen organizado; es por las seis mujeres que mueren al día en el país (sumando más de cuatro mil feminicidios en los últimos cinco años), y la falta de voluntad política para resolver, o siquiera reconocer esta violencia sistemática; es por la pantomima de la "Guerra contra el narcotráfico", cuando ya todo el mundo sabe que el crimen organizado se ha filtrado en todas las esferas del gobierno; es por la indolencia ante las víctimas de la violencia que estas políticas han provocado; es por la criminalización de la protesta; es por la complicidad de los poderosos grupos mediáticos; es por la indefensión ante el poderío de la delincuencia organizada, y ante el abuso de autoridades corrompidas e ineficientes; es por la impunidad con que se permiten actuar, diversificando sus actividades al secuestro, la extorsión y la trata de blancas; es por el narcogobierno que han impuesto a una ciudadanía inerme.

No es sólo por Ayotzinapa, es por las más de veintiseis mil personas que están oficialmente desaparecidas (cifras que dan ong´s y la ONU ascienden a trescientos mil). Es por las ciento cincuenta mil personas que han sido asesinadas en los últimos diez años.

No es sólo por Ayotzinapa, (esta movilizacion, esta protesta, este reclamo) es por todo México.